Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un escenario importante. A partir de enero de 2027, Donald Trump tendrá que gobernar con un Congreso opositor. ¿Qué cambia para México y el T-MEC?
En 2025, el intercambio bilateral de mercancías alcanzó 872 mil millones de dólares, esto es, alrededor de 1.7 millones por minuto. Tan solo en los primeros nueve meses de 2026 sumó aproximadamente 779 mil millones. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y 16.3 millones de personas en Norteamérica trabajan en actividades relacionadas con las cadenas productivas del T-MEC.
El 1 de julio de 2026, Estados Unidos decidió no extender el tratado en sus condiciones actuales, pese a la disposición de México y Canadá. El acuerdo sigue vigente, pero queda sujeto a revisiones anuales hasta que los tres países convengan prorrogarlo. De no hacerlo, vencería en 2036. Esta incertidumbre pesa sobre la inversión.
La Constitución estadounidense confiere al Congreso facultades para regular el comercio exterior y establecer aranceles, aunque ha delegado algunas atribuciones al Ejecutivo. Por eso, Trump conserva instrumentos para imponer medidas y conducir negociaciones. Sin embargo, una mayoría demócrata puede intensificar la supervisión, convocar comparecencias y cuestionar los costos de su política comercial. Si los cambios al T-MEC requieren modificar leyes estadounidenses, el Congreso deberá aprobarlos. La ley también exige al Ejecutivo reportar al Legislativo cualquier desacuerdo al menos 70 días antes de la siguiente reunión.
¿Es una buena noticia para México? Depende. Los demócratas podrían cuestionar con mayor firmeza los aranceles que encarecen insumos y productos para fabricantes, agricultores y consumidores estadounidenses. Ipsos registró el pasado octubre que 55% de la población rechazaba esos aranceles. Sin embargo, oponerse a la estrategia de Trump no significa necesariamente favorecer condiciones comerciales más flexibles para nuestro país.
En julio pasado, legisladores demócratas encabezados por Rosa DeLauro pidieron renegociar el T-MEC para reforzar obligaciones laborales, ambientales y de contenido regional. Otros propusieron un mecanismo de respuesta rápida ambiental, semejante al existente en materia laboral. Durante el gobierno de Joe Biden, Washington solicitó consultas por las políticas energéticas que favorecían a Pemex y la CFE. Esa vigilancia podría devolver al debate el acceso al mercado eléctrico, la política de competencia económica y los compromisos ambientales mexicanos.
Tampoco desaparecerá la preocupación estadounidense por China. El origen de los componentes industriales, la dependencia de insumos asiáticos y la seguridad de las cadenas de suministro son prioridades compartidas por ambos partidos. Más vigilancia no significa menos presión, sino una presión más institucional e igualmente exigente.
La discusión sobre los centros de datos para inteligencia artificial también tiene consecuencias para México. La expansión de estas instalaciones en Estados Unidos ha impulsado nuestras exportaciones de equipos de cómputo a niveles históricos. Entre enero y julio de 2026 alcanzaron 90,834 millones de dólares, 96.3% más que un año antes, y México se convirtió en su principal proveedor. Por eso, importa el debate en Texas sobre el consumo de agua y electricidad y el financiamiento de nueva infraestructura. Eventuales restricciones o retrasos podrían moderar la demanda de equipos mexicanos y alterar decisiones de inversión en una cadena tecnológica donde nuestro país gana relevancia.
Existe un antecedente relevante. En 2019, después de que los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes, el legislador Richard Neal encabezó negociaciones con la primera administración Trump para modificar el acuerdo para endurecerlo en materia de cumplimiento de derechos laborales, medio ambiente y acceso a medicamentos. Los tres países firmaron un protocolo de enmiendas en diciembre de ese año.
México necesita ampliar su estrategia de interlocución. Dialogar con la administración Trump seguirá siendo indispensable, pero también conviene construir una agenda permanente con las comisiones de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes —que tiene la competencia más importante sobre impuestos, aranceles y comercio internacional— y de Finanzas del Senado. Además, será importante acercarse a legisladores de Texas, Michigan, Arizona y California, estados donde la integración con México sostiene empleos, inversiones y cadenas de suministro competitivas.
México debe acreditar avances verificables en cumplimiento laboral, certidumbre regulatoria, trazabilidad de insumos y condiciones para invertir. La consulta pública sobre el T-MEC abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), con plazo hasta el 12 de enero de 2027, permite que empresas, gobiernos y especialistas documenten los beneficios de preservar la integración y los costos de debilitarla.
Los próximos dos años pondrán a prueba nuestra capacidad para convertir la integración económica en influencia política. Se necesitarán resultados, diplomacia y una interlocución amplia que vaya mucho más allá de la Casa Blanca.
* La autora es directora de InteligenciaMás y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.